“Un buen gobierno se sustenta en la ética pública, la transparencia y la integridad. Esto implica una administración que recaude de manera justa y eficiente, que oriente su gestión eficaz para resultados, y garantice bienes y servicios públicos de calidad. Además, debe mantener un compromiso permanente con la lucha contra la corrupción, así como proporcionar a la población una comunicación e información clara, abierta y responsable de su quehacer, resultados y papel formativo”.